Aceite de oliva: el BOE fija una retirada del 12 %

La Resolución de 4 de noviembre de 2026 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, publicada este viernes en el BOE, fija en el 12 % el porcentaje de retirada del mercado previsto en el artículo 5 de la Orden APA/1145/2026. Ese porcentaje se aplica sobre la producción mensual declarada por cada almazara y la resolución surte efectos desde su publicación. Es la primera vez que el mecanismo llega a activarse.

El detonante son los números de la campaña. Las existencias iniciales ascendían a 357.040 toneladas, según el sistema de información de mercados del sector oleícola, y las comunidades autónomas estimaron la producción en 1.602.596 toneladas. La suma supera el umbral del artículo 4 de la orden, que compara los recursos disponibles con el 120 % de la media de campañas anteriores. El porcentaje resultante no puede exceder el 20 % de la producción estimada.

La obligación arranca con la producción declarada de noviembre: queda fuera lo declarado en octubre o antes. La retirada es acumulativa a lo largo de la campaña y el aceite debe permanecer inmovilizado hasta el 30 de septiembre de 2027, almacenado en instalaciones propias o de terceros conforme al Real Decreto 861/2018. Cada operador tiene que poder acreditar en cualquier momento ante la autoridad competente la cantidad retirada y dónde está. La resolución no concreta ni el destino del producto inmovilizado ni el procedimiento para liberarlo.

Para el control se crea un grupo de seguimiento técnico coordinado por la Dirección General y abierto a las comunidades autónomas, que será el encargado de aprobar el plan de control de la retirada. Ese plan no figura en la resolución, que puede recurrirse en alzada en el plazo de un mes.

El peso de la medida cae en Andalucía. El aforo nacional sitúa la producción andaluza en 1.261.200 toneladas, el 78,7 % del total español, y solo Jaén aporta 575.000 toneladas estimadas, el 36 % de la cosecha nacional. En la práctica, inmovilizar uno de cada ocho kilos producidos recae sobre almazaras y cooperativas, que asumen el almacenamiento.

El mecanismo no llega sin objeciones. La CNMC analizó la norma de esta campaña en su informe IPN/CNMC/035/26, de 5 de octubre, y advirtió de riesgos por la limitación de producto disponible, con efectos sobre precios, calidad y variedad de la oferta, y un impacto especialmente relevante en los consumidores de menor renta. Entre sus recomendaciones pedía precisar la metodología de cálculo del porcentaje, limitar la retirada a las categorías donde fuera necesaria y definir el plan de control antes de activar la medida.