DeCA: las cooperativas andaluzas piden un criterio claro

El Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA) es obligatorio desde el 5 de octubre en el transporte público de mercancías por carretera con origen y destino en España. Sustituye al documento de control en papel, y sus características técnicas las fijó una resolución de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril publicada en el BOE el 12 de junio.

La primera duda que plantea a las cooperativas es quién debe generarlo. Según se expuso en la jornada, la obligación recae en el cargador contractual, que es quien contrata y paga el transporte, y no necesariamente quien entrega la mercancía. Si la cooperativa mueve sus productos con vehículo y conductor propios, el DeCA no resultaría aplicable.

Cuando la cooperativa sí es cargadora contractual, puede acordar con el transportista que sea este quien emita el documento. Ese pacto, sin embargo, no la libera necesariamente de su responsabilidad administrativa, por lo que se recomendó dejarlo por escrito en el contrato y asegurarse el acceso o la copia del DeCA.

La adaptación no obliga necesariamente a crear documentos nuevos. Una opción es incorporar la información obligatoria a los que ya se usan, como albaranes o cartas de porte, y facilitar su consulta en formato digital a través de un código QR.

Quedan, no obstante, supuestos sin resolver para los que la organización pide concreción a la Administración: las recogidas sucesivas de leche, ganado u otros productos; los envíos en los que el peso definitivo no se conoce en el momento de la carga; el retorno de cisternas, jaulas o contenedores vacíos, y algunos transportes agrícolas con vehículos que no necesitan tarjeta de transporte.

Las cooperativas reclaman un criterio claro y homogéneo que evite interpretaciones distintas entre empresas, transportistas e inspección, y que adapte la implantación del DeCA a la realidad de la actividad agrícola y ganadera.