La Junta amplía las ayudas a consejos reguladores DOP e IGP

La modificación, aprobada mediante la Orden de 6 de agosto de 2026 y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 12 de agosto, afecta a las bases reguladoras de una línea de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva que hasta ahora se dirigía en exclusiva a los consejos reguladores. El cambio incorpora como posibles beneficiarias a las asociaciones sin ánimo de lucro constituidas por esos mismos consejos.

Para acceder a la ayuda, esas asociaciones deben representar al menos al 60 % de los consejos reguladores cuya actividad se desarrolle principalmente en Andalucía, y tener por objeto la promoción, defensa y reconocimiento de los productos de calidad diferenciada de la comunidad. La finalidad de la línea sigue siendo financiar la gestión de las denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP).

La subvención cubre hasta el 80 % de los gastos subvencionables. Para los consejos reguladores, la cuantía máxima se fija por tramos según el presupuesto anual ejecutado el año anterior, descontados los gastos de promoción: 20.000 euros para presupuestos inferiores a 100.000 euros o sin cierre de cuentas; 25.000 euros entre 100.000 y 300.000 euros; 30.000 euros entre 300.000 y 400.000 euros; y 40.000 euros para los que superen los 400.000 euros anuales. Las asociaciones tienen un tope de 40.000 euros.

Entre los gastos que pueden financiar los consejos figuran el personal dedicado a la gestión, los sistemas de trazabilidad y etiquetado, los estudios sobre calidad agroalimentaria, la defensa de los nombres protegidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o la EUIPO, los seguros de responsabilidad civil, las auditorías externas y la formación. Para las asociaciones, la orden añade como novedad los gastos de manutención, alojamiento y dietas generados en su labor de representación en actos y eventos.

La norma se enmarca en la Ley 10/2007 de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, la Ley 2/2011 de Calidad Agroalimentaria y Pesquera y la Ley 6/2015 de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. La Consejería justifica el cambio en que algunas funciones de representación y defensa de estas figuras de calidad se ejercen de forma conjunta a través de asociaciones, que hasta ahora quedaban fuera de la financiación.

La medida alcanza al conjunto de los consejos reguladores andaluces, entre ellos los que gestionan las siete denominaciones vitivinícolas de la comunidad —Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Málaga, Sierras de Málaga y Granada— junto a los del aceite de oliva y otros productos con sello europeo. La orden, firmada por el consejero Ramón Fernández-Pacheco, entró en vigor el 13 de agosto, al día siguiente de su publicación.