La Junta de Andalucía ha activado una convocatoria de ayudas por valor de 88 millones de euros destinada a impulsar inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios. La medida, enmarcada en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, abre una oportunidad relevante para pymes y grandes empresas del sector, incluidas bodegas y agroindustrias vinculadas al vino.
El plazo para presentar solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOJA, mientras que el periodo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses desde el cierre del plazo. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y se articulan en dos líneas: una convocatoria general para todos los sectores agroalimentarios y otra específica para frutas y hortalizas, a la que se destina el 25% del presupuesto total.
Más allá del importe, la convocatoria apunta a un enfoque estratégico que trasciende la producción primaria. El objetivo es reforzar la orientación al mercado del sector agroalimentario, mejorar su competitividad y facilitar la adaptación a los nuevos retos ambientales, económicos y sociales. En este marco, se contemplan inversiones ligadas a investigación, tecnología, digitalización, empleo, igualdad de género e inclusión social.
Para el sector vitivinícola, estas ayudas pueden convertirse en una palanca clave para avanzar en procesos de modernización de bodegas, mejora de la eficiencia energética, desarrollo de nuevos formatos comerciales o refuerzo de la venta directa. También abren la puerta a proyectos que integren transformación agroalimentaria y experiencia, un binomio cada vez más ligado al enoturismo y al posicionamiento territorial del vino.
La convocatoria establece que las solicitudes del sector de frutas y hortalizas que no resulten beneficiarias en su línea específica pasarán a concurrir en la convocatoria general junto al resto de sectores. Este diseño introduce un escenario competitivo amplio, en el que la definición técnica de los proyectos y su alineación con los objetivos estratégicos serán determinantes.
La financiación de estas ayudas es mayoritariamente europea: el 85% procede del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), mientras que el 15% restante corre a cargo de la Junta de Andalucía. Además, se contempla la posibilidad de habilitar una cuantía adicional equivalente a la inicialmente convocada si se declara disponibilidad de crédito, sin necesidad de lanzar una nueva convocatoria.
En un contexto de presión sobre los márgenes y de creciente exigencia del mercado, esta línea de incentivos vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente: la capacidad real de las pequeñas y medianas empresas para acceder a fondos de esta envergadura. El equilibrio entre proyectos tractores y tejido empresarial local será clave para que el impacto de la convocatoria se traduzca en desarrollo económico y fijación de actividad en el medio rural.
