AVVAPRO alega al PGOU de Málaga por los pisos turísticos

AVVAPRO ha registrado alegaciones a la Modificación Puntual n.º 28 del PGOU de Málaga, el instrumento con el que el Ayuntamiento quiere ordenar la implantación de viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. La asociación sostiene que una decisión de este alcance necesita una justificación técnica, jurídica y económica completa y un análisis de sus efectos sobre la actividad económica.

La primera petición es de fondo urbanístico: que se revise la inclusión automática de las VUT en el uso de hospedaje. La normativa turística las define como viviendas en las que se presta un servicio de alojamiento, de modo que equipararlas a hoteles y otras modalidades debe ser, según la entidad, una decisión expresa del planeamiento, motivada y proporcionada, y no una consecuencia automática.

El segundo bloque afecta a la suspensión de licencias. AVVAPRO pide revisar su alcance, su duración y su necesidad, y coordinarla con las medidas que ya se aplican a las nuevas VUT en Málaga. La asociación advierte de que una suspensión de nuevas implantaciones que puede alcanzar los tres años genera incertidumbre entre propietarios, gestores y pequeñas empresas del sector.

Las alegaciones reclaman también completar la metodología del Índice de Presión Turística, incorporar al expediente los estudios manejados por el Ayuntamiento y justificar por qué se aplican restricciones de la misma intensidad en barrios con realidades distintas. Como alternativa propone medidas graduadas por zonas, basadas en indicadores objetivos y con evaluación periódica.

El argumento jurídico se apoya en la Directiva de Servicios y en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que exigen que las limitaciones a una actividad económica respondan a razones de interés general y superen los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. “Regular no es simplemente prohibir”, resume la asociación, que reclama “justificar, medir y elegir la solución más proporcionada”.

Sobre el acceso a la vivienda, AVVAPRO comparte la preocupación pero insiste en separar correlación de causalidad y en medir qué incidencia concreta tiene el alojamiento turístico en la disponibilidad y el precio. Cita la escasez de oferta, la limitada construcción de vivienda nueva, la falta de suelo finalista y las trabas administrativas acumuladas, y defiende que una moratoria puede ordenar el sector de forma transitoria, pero no resuelve por sí sola el problema residencial sin políticas que aumenten la oferta.

La organización, que esta misma semana ha llevado su posición sobre vivienda turística a Bruselas, se ofrece a participar en la tramitación del expediente y a colaborar con el Ayuntamiento en una regulación compatible con la convivencia vecinal y la profesionalización del sector.