El modelo de control de las viviendas de uso turístico vuelve a situarse en el centro del debate regulatorio tras un pronunciamiento de la Comisión Europea que, según el sector, cuestiona la coexistencia de varios registros obligatorios para el alquiler de corta estancia.
La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha reclamado la eliminación de la doble inscripción administrativa que actualmente afecta a estas viviendas, al considerar que el marco europeo apunta hacia sistemas únicos de registro y coordinación entre administraciones.
La patronal andaluza sostiene que el pronunciamiento comunitario, emitido en el marco del procedimiento TRIS sobre la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, recuerda que una misma vivienda no debería estar sometida a más de un procedimiento de registro obligatorio cuando ya existe uno en vigor, al entender que esa duplicidad no aporta un mayor control efectivo.
Según la interpretación del sector, esta advertencia europea obligaría a revisar el actual esquema de ventanillas y registros que afecta a propietarios y empresas gestoras, y a avanzar hacia un sistema único apoyado en los registros autonómicos existentes. AVVAPro subraya que el mantenimiento de varios registros paralelos genera inseguridad jurídica y eleva los costes administrativos para operadores que ya cumplen la normativa.
Desde la asociación se defiende que la regulación del alquiler turístico no está en cuestión, sino la acumulación de obligaciones que, a su juicio, ha provocado la salida del mercado de parte de la oferta legal sin lograr un mayor control sobre el alquiler irregular.
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En este contexto, AVVAPro advierte de que mantener el actual sistema más allá de los plazos marcados por el marco europeo podría exponer a España a conflictos jurídicos con la Unión Europea, al tiempo que reclama adaptar la normativa estatal y autonómica para garantizar coherencia legal y seguridad para el sector.
La asociación ha reiterado su disposición a colaborar con la Junta de Andalucía en un modelo regulatorio que refuerce el control de la oferta ilegal sin penalizar a los operadores que cumplen con los requisitos exigidos, y que permita equilibrar la actividad turística con la protección del mercado residencial.
