La Junta de Andalucía ha formalizado su posición en el conflicto sobre el registro de viviendas destinadas al alquiler turístico de corta duración y ha llevado el asunto al Tribunal Supremo. La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior mantiene que el Registro Único impulsado por el Gobierno central duplica un sistema autonómico ya en funcionamiento y recuerda que la Unión Europea ha respaldado el principio de evitar una doble inscripción obligatoria.
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha confirmado que la Junta ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo por lo que considera una invasión de competencias. Según ha explicado, Andalucía cuenta desde hace más de una década con el Registro de Turismo de Andalucía, un sistema que, sostiene, es funcional y suficiente para el control de las viviendas turísticas.
Bernal ha señalado que la Unión Europea, a través de sus mecanismos de control normativo, ha respaldado la tesis de que una misma vivienda no debería estar sometida a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio. En este contexto, ha instado al Gobierno central a corregir el modelo antes de mayo de 2026, fecha que aparece como referencia en el marco europeo.
Desde la Junta se insiste además en que la competencia en materia de turismo corresponde a la administración autonómica. En este contexto, el consejero ha defendido que cualquier valoración sobre la situación de una vivienda turística en Andalucía debe encuadrarse dentro de ese marco competencial, a la espera de que el conflicto se resuelva por las vías judiciales correspondientes.
La posición del Ejecutivo andaluz se produce tras el aviso europeo conocido recientemente y después de que el sector de las viviendas turísticas reclamara públicamente el fin de la doble carga administrativa. Con el recurso ante el Supremo, el debate pasa ahora al ámbito judicial, en un contexto marcado por la coexistencia de dos registros y la falta de una solución coordinada entre administraciones.
Mientras tanto, el marco regulatorio del alquiler turístico permanece abierto, a la espera de que se clarifique si el modelo estatal deberá adaptarse para evitar duplicidades administrativas y garantizar la interoperabilidad que plantea la normativa europea.
