El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, ha trasladado al Comisario Europeo de Agricultura, Christophe Hansen, las prioridades del sector agrario español ante el diseño de la futura Política Agraria Común (PAC) post-2027. La reunión, celebrada el 27 de junio en Bruselas, ha servido para posicionar con claridad las exigencias de los agricultores y ganaderos ante un contexto marcado por la presión económica, la incertidumbre geopolítica y los retos climáticos.
Entre las principales reclamaciones, ASAJA ha defendido la necesidad de que la PAC mantenga un presupuesto propio, ajustado a la inflación y con objetivos claramente definidos. La organización ha mostrado su rechazo frontal a una posible integración de la PAC en un fondo único sin garantías específicas para el sector primario.
Barato ha insistido en preservar la estructura de dos pilares —FEAGA y FEADER— con funciones diferenciadas y fondos separados, y ha criticado medidas como el capping obligatorio, los pagos redistributivos forzosos o la conversión de ayudas directas en herramientas de gestión climática. “Necesitamos una simplificación real, no una nueva capa de burocracia”, advirtió el presidente de ASAJA.
En esta línea, la organización agraria ha pedido que la presentación de la nueva PAC se aplace hasta septiembre, de forma que el nuevo Parlamento Europeo pueda participar activamente en su definición. También se ha exigido que el actual paquete de simplificación se apruebe por vía rápida y sin enmiendas, de modo que entre en vigor antes del inicio de la próxima campaña agronómica.
Otro de los temas destacados ha sido el impacto potencial de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. ASAJA ha alertado del riesgo de distorsiones de mercado, competencia desleal y pérdida de ayudas para los agricultores europeos si no se acompaña de una reforma profunda del Marco Financiero Plurianual y de cláusulas de salvaguardia eficaces.
Asimismo, la organización ha reiterado su rechazo a los nuevos aranceles sobre fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia, que entrarán en vigor el 1 de julio. ASAJA considera que estas medidas podrían generar un sobrecoste insostenible para miles de explotaciones, especialmente en España.
Barato también ha solicitado una cláusula automática de salvaguardia para el arroz frente a importaciones masivas con arancel cero, y ha reivindicado una protección legal de términos como “carne”, “leche” o “hamburguesa”, para evitar el uso confuso por parte de productos vegetales alternativos.
“Los agricultores no pueden ser las víctimas colaterales de decisiones políticas que ignoran la realidad del terreno”, declaró Barato tras el encuentro. “Hoy hemos venido a Bruselas a defender con rigor y dignidad el futuro del campo español”.