Andalucía ha intensificado su estrategia de control sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), con la cancelación de casi 10.600 licencias desde febrero de 2024. Así lo ha confirmado el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en comisión parlamentaria, donde ha subrayado que el objetivo es “garantizar la legalidad y la calidad del alojamiento turístico en la comunidad”.
El Gobierno andaluz ha reforzado sus medidas de inspección con la incorporación de un grupo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita, que trabajará junto a los inspectores turísticos en la detección de actividades ilegales. “Las cancelaciones son la garantía de que quien no cumple no puede operar. Cuando un turista reserva en Andalucía, tiene derecho a encontrar una vivienda segura, legal y que cumple la normativa”, apuntó Bernal.
Además, la Junta ha firmado convenios de colaboración con ocho municipios —entre ellos Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María— y negocia con otros 23, lo que permitirá compartir datos y coordinar actuaciones entre administraciones.
Otra de las novedades es la mejora del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, que incluye avisos preventivos en zonas con limitaciones urbanísticas. En ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Chiclana o El Puerto de Santa María, el sistema emite una advertencia automática sobre las consecuencias legales y la apertura de un expediente de cancelación. “Esto supone menos burocracia y más seguridad jurídica para el ciudadano”, añadió el consejero.
Bernal también ha respondido al Gobierno central, desvinculando las VUT del problema de la vivienda en España: “Ni el turismo ni las VUT son el problema. La clave está en una mala legislación estatal que desprotege a los propietarios y ahuyenta la oferta de alquiler habitual”. Asimismo, recordó que la competencia en esta materia corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía.
El consejero criticó el anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre el Registro Único estatal, señalando que cuenta con informes negativos del Consejo de Estado y un expediente abierto en la Unión Europea por invasión de competencias. “La única administración competente para cancelar licencias a una VUT es la Junta de Andalucía”, remarcó.
